“El 70% de las resoluciones de la Dirección General de Rentas (DGR) fue confirmada por el ex ministro de Economía, Jorge Jiménez. No nos parece que esta tendencia vaya a modificarse”. Con ese dato, el presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Pedro Omodeo, justificó ayer las críticas de la institución a la integración intempestiva y con miembros del alperovichismo del Tribunal Fiscal de Apelación (TFA). Omodeo explicó que es el organismo al que pueden acudir los contribuyentes para cuestionar decisiones de la DGR, pero como no estaba conformado hasta esta semana, Jiménez cumplía con ese rol desde que se hizo cargo del área de Economía del Gobierno de José Alperovich, hace 12 años. El jueves, la Legislatura aprobó los pliegos y el Gobierno nombró como jueces del TFA a Jiménez, al ex fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa y al ex legislador oficialista José León.

De acuerdo con datos oficiales, unos 1.000 expedientes se inician por año para cuestionar disposiciones como supuestos excesos en multas o inspecciones. Tanto el Gobierno como la FET, consignaron que el número de presentaciones creció exponencialmente durante los últimos años. “Esto se debe a la voracidad del Estado. Se actúa de manera desmedida para recaudar. Tucumán es la segunda provincia con más presión fiscal”, lamentó el referente de la entidad que representa a 50 cámaras empresarias. Añadió que la FET había requerido formalmente a Alperovich que suspendiera la conformación.

La FET, Feput (Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán), el Colegio de Abogados, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y la Sociedad Rural rechazaron en un pronunciamiento conjunto la manera en la que se puso en marcha el Tribunal, dispuesto en el Código Tributario desde 1979. Adelantaron que trabajarán en conjunto para cuestionar al Tribunal en la Justicia.

“No tiene visos de transparencia ni consenso. En la democracia real no deben existir estos actos precipitados que rayan con el autoritarismo”, renegó Héctor Ávila, presidente de Feput. Aclaró que no efectúan juicios de valor sobre la idoneidad de los tres miembros, pero que es repudiable que todos estén relacionados con el oficialismo: dos fueron funcionarios y León, además de haber sido hasta el jueves parlamentario del oficialismo, es primo de Alperovich.

“Esta apresurada conformación es la más escandalosa admisión de que durante estos 12 años no se constituyó simplemente porque al gobernador no le dio la gana. Ahora, como es un Gobierno de salida tratan de llevarse todo lo que pueden. Están actuando con torpeza, por el apresuramiento”, lanzó Francisco García Posse, representantes de los abogados. Consideró que los jueces deberían ser designados por concurso. Recordó que, cuando plantearon la inconstitucionalidad de puntos de la Constitución de 2006, lograron fallos favorables aún con la Carta Magna en vigencia. “La Justicia prevé mecanismos para revertir lo que está mal hecho o aquello que tenga una finalidad encubierta, como este caso”, argumentó al afirmar que la presentación judicial es inminente.

Abelardo García, del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, aseguró que celebran la puesta en marcha del Tribunal, pero no en las condiciones en las que se concretó. “Se está perdiendo una oportunidad histórica. Es un organismo fundamental, pero estos miembros no garantizan independencia”, criticó.

El ruralista José Lobo Viaña subrayó que la decisión intempestiva del Ejecutivo no condice con estos en tiempos, en los que la sociedad tucumana reclama “más democracia y mayor participación”.